Plena inclusión reclama a los gobiernos un financiamiento justo y alerta del peligro de cierre de entidades que sostienen a miles de personas con discapacidad intelectual

FADEMGA Plena inclusión Galicia

02-12-2024

Con motivo del Día de la Discapacidad, la confederación Plena inclusión quiere alertar de la crítica situación a la que se enfrenta el sector y lanza un S.O.S. “Atravesamos una crisis desconocida desde la que vivimos en el período comprendido entre 2008-2012” explica Enrique Galván, director de Plena inclusión España. Y prosigue: “Si las administraciones públicas responsables no lo remedian, en 2025 la amenaza de cierre sobrevuela como una realidad para asociaciones que prestan apoyos fundamentales a miles de personas con discapacidad intelectual y a sus familias”.

Con el fin de dar la voz de alarma y sensibilizar la responsables políticos y a la sociedad española, Plena inclusión lanza la campaña #SinRecursosNOhayCuidados que se estrena en vísperas de 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad. 

Esta acción de incidencia política y sensibilización social pretende prolongarse hasta el próximo verano, y planta sus bases teóricas en el documento ‘Por un Pacto de Estado para la Dignificación del Sector de los Apoyos y los Cuidados’.

CONTEXTO PREOCUPANTE

La finalización del Plan Estatal de choque de la Dependencia, y la incertidumbre sobre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado generan un contexto poco esperanzador. Un escenario de ajuste presupuestario y la pretensión del Gobierno de fijar como prioridad a lucha contra el déficit pueden suponer el abandono de la posibilidad de compensar la infrafinanciacion histórica de las entidades sociales.

Desde Plena inclusión se señalan otros síntomas preocupantes:

• Las subvenciones y ayudas a la inversión y al mantenimiento de centros, que eran tan frecuentes a principios de la década de los 2000, se eliminaron prácticamente en todos los presupuestos autonómicos. A pesar de eso, las entidades ven obligadas a financiar medidas de transformación digital, o de transición climática con cambio de sistemas de movilidad, refrigeración y calefacción, etc.

• A partir de enero se prevé un aumento de costes salariales que rondará el 12%. Y a pesar de esa esperada elevación salarial, se seguirá sin contar con unas condiciones laborales dignas para el sector. La realidad muestra una fuga continua de talento y profesionales a espacios de mejor remuneración. Personas comprometidas con el proyecto social ven expulsadas de sus empleos y tienen que buscar otras opciones porque los salarios que nuestro sector pueden ofrecer no son competitivos.

• Nuestras organizaciones chocan con un cálculo desajustado de los precios plaza, que a través de conciertos o contratos paga la administración por el servicio y que se estimó que están entre un 25% y un 30% por debajo del coste real. Eso sí, desde las administraciones se sigue aumentando las exigencias de servicio en cuanto a atención personalizada, planes de apoyo conductual o tecnología disponible; tal como lanza el nuevo marco de acreditación de servicios que expone exigencias que compartimos, pero que no garantizan apoyos suficientes sobre los recursos para movilizar.

• A todo el descrito hay que sumar: un marco regulador rígido y dañino, como la ley de desindexación, que justifica a no elevación de precios y su ajuste a los costes reales; el impacto negativo del IVA soportado de las entidades exentas del mismo; el aumento de cargas administrativas y de cumplimiento legal como sistemas de ciberseguridad, compliance etc.

“El comportamiento de las administraciones autonómicas, exceptuando algunos anuncios esperanzadores, se limita a ofrecer subidas insuficientes o congelación de la financiación. Dichas administraciones son conscientes de la injusta situación vigente, pues los recursos públicos de atención a personas con discapacidad que ellos gestionan tienen un coste superior a un 30% de los recursos económicos para su funcionamiento”, abunda Enrique Galván. “Todo lo anteriormente mencionado supone un riesgo sistémico que cuestiona el ejercicio de los derechos humanos de muchas personas y sus familias. Se precisa de manera urgente una estrategia sostenida de inversión social para afianzar este cuarto pilar del Estado de Bienestar que hoy, desgraciadamente, se tambalea”, puntualiza Galván.