Llevamos al Parlamento la realidad de las personas con discapacidad intelectual ante los efectos de la Ley 8/2021
La Federación participó en las jornadas “Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad”, organizadas por el Colegio Notarial de Galicia y la Fundación Aequitas
FADEMGA Plena inclusión Galicia
22-06-2026FADEMGA Plena inclusión Galicia participó en el Parlamento de Galicia en las jornadas “Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad”, un encuentro impulsado por el Colegio Notarial de Galicia y la Fundación Aequitas en el que juristas, profesionales del ámbito social y entidades representativas analizaron los avances y dificultades derivados de la aplicación de la Ley 8/2021.
La jornada sirvió para poner en común una preocupación compartida: aunque la reforma supuso un avance fundamental al sustituir el antiguo modelo de incapacitación por otro basado en los apoyos, la autonomía y el respeto a la voluntad de las personas, su aplicación práctica sigue generando problemas que impactan directamente en la vida diaria de muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Desde FADEMGA se aportó la perspectiva del movimiento asociativo gallego, representando la voz de las personas con discapacidad intelectual, de sus familias y de las entidades que prestan apoyos en el territorio. La Federación advirtió de que la normativa no siempre tiene en cuenta la realidad diversa del colectivo, especialmente en aquellos casos en los que los apoyos existen de hecho, pero no encajan en los procedimientos administrativos exigidos.
Uno de los aspectos señalados fue la situación generada en determinados trámites ante la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, donde se están produciendo interpretaciones que pueden dejar fuera a personas que necesitan apoyos, pero que no cuentan con una curatela representativa. Esta equiparación práctica con la antigua tutela puede provocar dificultades o pérdidas en el acceso a prestaciones, beneficios fiscales o reconocimientos ya consolidados.
FADEMGA recordó que estos problemas ya habían sido analizados en el informe “Efectos colaterales de la Ley 8/2021”, en el que se recogen lagunas normativas derivadas de la falta de adaptación de otros ámbitos legales tras la desaparición de la tutela y de la patria potestad prorrogada o rehabilitada. La Federación defendió que cualquier reforma legal debe ir acompañada de cambios administrativos, formación profesional y criterios claros que eviten la inseguridad jurídica. También incidió en la necesidad de escuchar a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias para que las medidas de apoyo no se conviertan, en la práctica, en nuevas barreras.
